El Colectivo Gittell del Graduate Center de la City University of New York organizó en febrero de 2021 el taller “Financiarización de la vivienda y la necesidad de un movimiento global de inquilinos”, con dos objetivos fundamentales. Primero, analizamos la financiarización de la vivienda, o la comprensión cada vez más frecuente del suelo y la edificación como activos financieros. Segundo, profundizamos en la organización y estrategias de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, y estudiamos su relación con la financiarización. Ambos temas enlazan con la urgencia habitacional que se vive en ciudades de todo el globo tras la crisis del Covid-19. Antes de la pandemia sanitaria, especialmente como consecuencia de la crisis de 2008, muchas personas ya sufrían dificultades para acceder o disfrutar de una vivienda digna o no podían pagar sus alquileres o hipotecas (Fields 2015; Teresa 2016). La pandemia ha acrecentado estas situaciones, siendo la financiarización una de las causas de la ola de desposesión y del incremento de la desigualdad en contextos urbanos (Rolnik 2019). En el taller participaron académicos y activistas de tres continentes, que compartieron sus experiencias sobre la financiarización y la lucha por el derecho a la vivienda. Como resultado editamos dos vídeos; el primero se centra en el significado de la financiarización y cómo se despliega en el espacio, mientras que el segundo trata sobre la movilización social en diferentes contextos.
¿Qué es la financiarización?
La financiarización de la vivienda es un concepto abstracto con consecuencias reales para las clases trabajadoras. Se trata de entender el suelo y la vivienda como activos financieros en los que invertir para obtener beneficios. En lugar de especular en la bolsa, por ejemplo, los inversores prefieren poner el dinero de las clases dominantes en productos inmobiliarios, entre ellos la vivienda. Así, su valor social se subordina al valor de cambio; la vivienda se ha convertido en una nueva frontera en el inacabado proceso de acumulación de capital (Rolnik 2013; Madden y Marcuse 2016).
La desindustrialización y la reestructuración económica global dirigen el proceso. Como escribe Aalbers (2019, p. 5), “la financiarización es, entre otros, un patrón de acumulación donde el beneficio se obtiene cada vez más mediante canales financieros en lugar de la producción de mercancías y su intercambio”. El mercado ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento de fondos de capital privado; sociedades anónimas de inversión inmobiliaria (REITs en el mercado anglosajón, Socimis en España); compañías de seguros, etcétera. El fondo de inversión norteamericano Blackstone es posiblemente el mejor ejemplo de estas empresas multinacionales que Beswick et. al. (2016) denominan “propietarios corporativos globales”. En sus porfolios se encuentran cientos de casas embargadas en las afueras de ciudades estadounidenses o apartamentos en bloques de vivienda pública privatizados en capitales europeas, donde todavía residen personas con bajo poder adquisitivo (Fields 2018; Janoschka et. al. 2020). En ambos casos, las ganancias de las inversiones dependen de la especulación inmobiliaria: o bien revendiendo las propiedades por un precio mayor al de compra, o bien incrementando las rentas de alquiler, lo que pone en riesgo de desahucio a familias vulnerables. En el otro extremo, el inquilinato se puede sentir indefenso ante un casero que ya no es una administración pública, sino una gran empresa (a veces internacional). Las compañías de economía digital también son parte de la financiarización de la vivienda al ayudar a la expansión del negocio. Por ejemplo, Airbnb o Vrbo han allanado el camino a la inversión inmobiliaria en economías urbanas orientadas al turismo (Cocola-Gant y Gago 2019).
El rol del estado y de las instituciones públicas
Los estados juegan un papel crucial en el proceso de financiarización. La construcción de menos vivienda pública genera escasez en el mercado, haciendo subir los precios inmobiliarios. Otra estrategia estatal es la reducción, eliminación o negación de adoptar políticas de control del alquiler, como el profesor Tom Slater (University of Edinburgh) describe en el primer vídeo. La privatización de tierras y viviendas públicas es una política recurrente en el marco de la austeridad neoliberal, poniendo nuevos activos a disposición de los inversores privados (Christophers 2018). Las instituciones públicas también han facilitado las condiciones para que estas empresas operen (o especulen) liberalizando mercados, además de garantizar el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la vivienda.
La profesora Raquel Rolnik (Universidade de São Paulo) explica que la financiarización es la última fase de un sistema capitalista que es esencialmente desigual, donde pocas personas concentran la propiedad de la tierra y la gran mayoría solo puede acceder a la misma –para vivir, cultivar, producir, etcétera– pagando una renta. El derecho de propiedad del suelo es un privilegio económico y político que explica, entre otros, la Revolución Francesa, cuando los liberales burgueses lucharon contra la exclusividad de la nobleza y el clero a la hora explotar la tierra. Christophers (2018, p. 44) recuerda que “la idea de [Adam] Smith de que la renta era dinero a cambio de nada era compartida por todos los economistas decimonónicos. David Ricardo estaba de acuerdo (los propietarios son parásitos). También Marx (el propietario explota todo aquello de lo que se beneficia la sociedad)”. El valor del suelo se crea socialmente y la vivienda es un derecho humano, por lo que ambos deberían tratarse como bienes públicos. Sin embargo, el estado los entiende como mercancías, lo que, como señala la profesora Desiree Fields (University of California, Berkeley), permite a las empresas financieras e inmobiliarias invertir en nuevos desarrollos a través de la planificación urbana, lo que a su vez genera o perpetúa el acceso desigual a estos bienes públicos.
Los movimientos por el derecho a la vivienda
Los colectivos que defienden el derecho a la vivienda trabajan con estos argumentos, resaltándolos de distinta forma y en diferentes contextos. En el taller pudimos identificar tres tipos de movilización. En primer lugar, los movimientos sociales contra los desahucios o de aquellos afectados por las hipotecas defienden una mayor inversión pública en vivienda y denuncian la relación desequilibrada entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Sus campañas se han centrado en la responsabilidad de los sectores bancarios y financieros, especialmente vinculados al negocio inmobiliario, como recuerda Rob Robinson (Right to the City Alliance). La acción social también se ha traducido en batallas contra la gentrificación, poniendo el acento en la injusticia y el silencio en torno a los desahucios en barrios obreros. Una forma de tomar conciencia de este fenómeno ha sido mapeando los desalojos, algo que han hecho Erin McElroy (Anti-Eviction Mapping Project) y Talita Gonsales (Despejos Zero) en la Bahía de San Francisco y São Paulo respectivamente.
En segundo lugar, los sindicatos y asociaciones de inquilinos han alzado la voz contra las subidas abusivas de los alquileres, las malas condiciones en muchas viviendas o las prácticas depredadoras de los caseros. Las reivindicaciones son similares en distintas ciudades, como Rita Silva (Habita, Lisboa) e Isaac Rose (Greater Manchester Housing Action) comentan en el segundo vídeo. Estos colectivos apuestan por mantener, o introducir allí donde todavía no existen, políticas de control de alquiler junto a una mayor construcción de vivienda pública.
En tercer lugar, las organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de apoyo mutuo se han centrado en ayudar a personas sin hogar, dándoles alojo temporal o proveyendo ropa o comida, así como defendiendo el derecho universal a la vivienda. En algunos contextos, como en Ciudad del Cabo o Buenos Aires, la lucha se articula entorno al derecho al acceso a la tierra, donde la gente puede asentarse informalmente, como describen respectivamente Mandisa Shandu (Ndifuna Ukwazi) y Ricardo Apaolaza (Frente de Organizaciones en Lucha). La okupación de tierras y viviendas, normalmente perteneciente a entidades bancarias, ha sido otra estrategia de los grupos de apoyo mutuo, especialmente colectivos autónomos. Pero reclamar –o retomar– viviendas para así desafiar el derecho a la propiedad privada no es una táctica que comparten todos los movimientos sociales, de la misma forma que no todos los activistas están de acuerdo con tener relaciones con las instituciones. Aquí nos encontramos con diferentes estrategias que se traducen en distintas escalas de acción.
La mayoría de las reivindicaciones por la vivienda se llevan a cabo en barrios, a veces escalando hasta los gobiernos municipales, donde normalmente las decisiones sobre la planificación urbana se toman por parte de hombres blancos de clase media. En ocasiones, la movilización crece gracias a la cooperación de distintos grupos y así se añade presión a gobiernos estatales, que con frecuencia tienen las competencias en materia de vivienda. Las protestas a escala internacional son poco comunes, si bien se han producido. Entre ellas, destacan la Right to the City Alliance, como comenta Rob Robinson, o la European Housing Coalition, de la que forma parte Habita junto a otros movimientos por el derecho a la vivienda en el continente. En esta escala se observa un mayor interés por la financiarización en los últimos años.
A pesar de ello, la oposición a la financiarización es casi excepcional. Rita Silva explica que es bastante complicado para las personas entender cómo está conectada con sus problemas para llegar a fin de mes, pagar el alquiler o encontrar una vivienda asequible. Del incremento de los inversores institucionales o las grandes corporaciones financieras no se habla en los medios de comunicación de masas –que a veces son controlados por aquellas grandes empresas, como en el caso de Blackstone (Gottfried 2021)–, mientras que los efectos a los que nos referimos para las personas de a pie se localizan en barrios y pueblos. Los aspectos materiales, como parar un desalojo u organizar una protesta, suceden en lugares concretos. Los activistas tienen que lidiar con asuntos urgentes, de calado para las personas involucradas, y su falta de tiempo y medios, o los límites a la hora de cambiar el sistema desde dentro impiden su movilización más allá de sus barrios y comunidades. Además, los activistas de corte autónomo no siempre están dispuestos a participar en colectivos que tratan simplemente de reformar políticas o instituciones. Sus preocupaciones, sin embargo, a veces provienen de la capacidad limitada de cambiar el sistema desde dentro, por lo que no siempre se debe a una cuestión ideológica.
Nuevas direcciones para la investigación y el activismo
Hoy en día hay más investigadores que nunca tratando, desde distintas disciplinas, la polarización de las sociedades y las ciudades. No obstante, estos debates a veces pasan por alto la fuerza del desarrollo desigual que se sitúa en el centro de las sociedades y las ciudades capitalistas (Smith 1984). La desigualdad está incrementando entre regiones del mundo, países y zonas urbanas. Los barrios (normalmente de personas blancas) ricos se convierten en cada vez más ricos, mientras que las comunidades con bajos ingresos (muchas veces racializadas) se empobrecen en ciudades de distintos continentes. La financiarización de la vivienda es una de las causas. Mientras que las clases acomodadas disfrutan de mayores beneficios, en parte gracias a la inversión inmobiliaria transnacional, muchas comunidades apenas sobreviven, una situación que la pandemia ha intensificado. En medio de las crecientes desigualdades, se libra una guerra contra lo público por parte de aquellos que están en la cima de la pirámide (Peck 2010). La financiarización de la vivienda muestra cómo la ideología neoliberal, incluidas las políticas de austeridad, no va sobre desmantelar el estado, sino sobre recuperarlo y utilizarlo en pos de intereses de clase y raza.
La pregunta final es: ¿qué podemos hacer? En el taller surgieron dos ideas principales. Primero, necesitamos utilizar ejemplos concretos para hablar sobre financiarización, en tanto que concepto complejo cuyo impacto en los barrios y comunidades no se entiende con facilidad. Aquí he tratado de hacerlo, ilustrando que la financiarización es una forma que utiliza la clase dominante (transnacional) para acumular capital a través de la tierra con fundamento en el derecho de propiedad. La financiarización incrementa la desigualdad a través del acceso a la vivienda, denegando un derecho humano a muchas personas. En el fondo del argumento encontramos que todos nosotros, las personas y las instituciones, creamos el valor del suelo con nuestras actividades diarias y relaciones en lugares concretos, pero solamente una pequeña parte de la sociedad se apropia de ese valor para su beneficio personal.
Segundo, y para terminar, los activistas de distintos perfiles necesitamos arreglar nuestras diferencias y empujar juntos. Necesitamos entender que, más allá de la escala de acción que tenga cada conflicto por la vivienda, existe una perspectiva global que requiere articular una respuesta internacionalista. Esto supone dejar de lado muchas de nuestras diferencias políticas y culturales para luchar por un bien común, imaginando nuevas formas de colaborar. Este es un reto a la altura de la propia emergencia habitacional.
Bibliografía
- Aalbers, M. (2019). Financialization. The International Encyclopedia of Geography, 1-12, https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0598.pub2.
- Beswick, J.; Alexandri, G.; Byrne, M.; Vives-Miró, S.; Fields, D.; Hodkinson, S. y Janoschka, M. (2016). Speculating on London’s housing future. City, 20(2), 321-341, http://dx.doi.org/10.1080/13604813.2016.1145946.
- Christophers, B. (2018). The New Enclosure. The Appropriation of Public Land in Neoliberal Britain. London and New York: Verso.
- Cocola-Gant, A. y Gago, A. (2019). Airbnb, Buy-to-Let Investment and Tourism-Driven Displacement: A Case Study in Lisbon. Environment and Planning A, https://doi.org/10.1177/0308518X19869012
- Fields, D. (2015). Contesting the Financialization of Urban Space: Community Organizations and the Struggle to Preserve Affordable Rental Housing in New York City. Journal of Urban Affairs, 37(2), 144-165, https://doi.org/10.1111/juaf.12098.
- Fields, D. (2018). Constructing a New Asset Class: Property-led Financial Accumulation after the Crisis. Economic Geography, 94(2), 118-140, https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1397492.
- Janoschka, M.; Alexandri, G.; Orozco-Ramon, H. y Vives-Miró, S. (2020). Tracing the socio-spatial logics of transnational landlords’ real estate investment: Blackstone in Madrid. European Journal and Regional Studies, 27(2), https://doi.org/10.1177/0969776418822061.
- Madden, D. y Marcuse, P. (2016). In Defense of Housing. London and New York: Verso.
- Peck, J. (2010). Constructions of Neoliberal Reason. Oxford: Oxford University Press.
- Rolnik, R. (2013). Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights. International Journal of Urban and Regional Research, 37(3), 1058-66, https://doi.org/10.1111/1468-2427.12062.
- Rolnik, R. (2019). Urban Warfare. London and New York: Verso.
- Smith, N. (1984). Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space. Athens and London: The University of Georgia Press, 2008.
- Teresa, B. F. (2016). Managing Fictitious Capital: The Legal Geography of Investment and Political Struggle in Rental Housing in New York City. Environment and Planning A, 48(3), https://doi.org/10.1177/0308518X15598322.
